Reglas fiscales desde 2027: un anuncio de S/ 18,000 millones sin la regla escrita

El Ministerio de Economía anunció esta semana que ampliará el déficit fiscal de 1.4% a 2.4% del PBI en 2027 y que recién convergerá al 1% en 2031, según Gestión. La decisión mueve el marco de todo el presupuesto que viene. El problema no es el número: es que, por ahora, solo se conoce la cifra del anuncio, no la regla que la sostiene. Sin saber qué se medirá, qué se excluirá y qué ocurrirá si El Niño desborda la meta, el anuncio no se puede evaluar como política pública.

El anuncio va por delante de la regla

La presidenta Keiko Fujimori lo resumió en una frase: ampliar el déficit significa aprobar S/18,000 millones adicionales para el presupuesto de 2027 (Gestión). A eso se suma un crédito suplementario de más de S/8,200 millones que todavía espera al Congreso (Gestión). Pero la regla que ordena ese gasto es, por ahora, un anuncio: el propio Consejo Fiscal advirtió en agosto que las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual fueron elaboradas con la senda vigente y deben tratarse como referenciales hasta que se aprueben los cambios anunciados (La Razón). El Gobierno comunicó el anuncio antes de aprobar la regla.

No es una cifra: es qué se mide y qué se excluye

Cambiar la regla es decidir qué cuenta como déficit y qué queda fuera. El ministro Elmer Cuba dijo en agosto que los ajustes tocarían el déficit fiscal y la deuda pública (El Peruano). También admitió que el tope de 1% lleva 20 años en la ley y que casi nunca se ha cumplido (El Peruano). Esa es la disyuntiva: si la regla nunca se cumple, o se corrige para que sea realista o se flexibiliza para no cumplirla. La diferencia está en el detalle: si se excluye la reconstrucción por El Niño, si los bonos se cuentan como gasto corriente y si la meta de 2031 tiene ancla legal. Nada de eso quedó precisado en el anuncio.

Las cuentas no cierran solas

La crítica técnica ya existe. El exministro Alfredo Thorne calculó que los S/18,000 millones equivalen a 2% del PBI y que, sumados a la regla y a las leyes de gasto heredadas, el desembolso podría llegar a 4.3% del PBI: "no entiendo cómo el MEF hace sus sumas y restas, pero simplemente no dan los números" (Gestión). Luis Miguel Castilla pidió focalizar los bonos y alertó que, sin padrones, la informalidad impide distinguir quién los necesita (Gestión). Y el Consejo Fiscal ya avisó que El Niño podría ser de los más severos de la historia y que el MMM no dimensiona su impacto (La Razón). Esa es la pregunta pendiente: qué pasa si el fenómeno desborda la meta.

El marco del debate que viene

Esto no es un tema de economistas: es el piso del presupuesto de 2027 y de la conversación del CADE Ejecutivos, que plantea cinco prioridades al 2050: inversión productiva y empleo formal, instituciones, educación, salud e infraestructura (Andina). Son brechas concretas: el 69.8% de la población ocupada urbana tenía un empleo informal entre abril de 2025 y marzo de 2026 (Andina), y en el cuarto trimestre de 2024 solo el 21.7% de los hogares rurales tenía acceso a internet, frente al 79.4% de los hogares de Lima Metropolitana (Andina). Cerrarlas requiere gasto sostenido, no una regla que se estira cada vez que aprieta.

La traducción para el ciudadano es directa. La deuda pública se paga con impuestos futuros: si los S/18,000 millones se destinan bien, financian bonos, colegios y obras paralizadas; si no, se convierten en ajuste posterior, menos servicios o más presión tributaria sobre quienes hoy trabajan sin protección. Un trabajador informal, que es siete de cada diez en las ciudades, no puede dejar su bienestar atado a un anuncio sin regla aprobada. Lo mínimo que se puede exigir es la regla concreta: qué se mide, qué se excluye y qué ocurre si El Niño desborda la meta. Sin eso, crecer más desde 2027 es una promesa, no una política.