Antenas clandestinas en penales: se retira el hardware, no la cadena de mando
El operativo en Ancón y las nuevas intervenciones del MTC golpean la infraestructura, pero la extorsión carcelaria se sostiene sobre predios arrendados, operadores que venden señal y un sistema que no bloquea ni sanciona.
Por Qhawaq

La antena es la pieza más barata del negocio
Lo que se retiró este lunes se reinstala en semanas, porque el Estado desmonta fierros y no la cadena que los sostiene. El megaoperativo del 26 de octubre identificó 43 antenas en las inmediaciones de cárceles limeñas Gestión e intervino cuatro penales Andina, con acciones simultáneas en Ancón, Callao y Andahuaylas RPP. No es la primera vez: en enero de 2026 se desarticuló una antena que proveía señal al penal Sarita Colonia RPP, y en octubre del mismo año ese penal volvió a figurar entre los ocho intervenidos con 178 equipos incautados Radio Nacional. La reincidencia es el dato que desmiente la foto: según el propio MTC, durante 2026 ya se retiraron más de 35 antenas clandestinas Caretas. Una sola antena, montada sobre un mástil de bambú, podía conectar hasta 30 dispositivos Caretas. Es un negocio de bajo costo y alta reventa: sin castigo al que lo arma, la antena vuelve antes que el informe del operativo.
Existe ley, falta sentencia
El problema no es la falta de norma, es su aplicación. Desde el 12 de febrero de 2026, el artículo 280-A del Código Penal castiga con seis a ocho años de cárcel a quien organice, financie, instale, opere o comercialice servicios de telecomunicaciones para facilitar comunicaciones ilegales de internos, y eleva la pena a entre ocho y diez años si el agente es servidor público, abusa de conocimientos técnicos o integra una organización criminal. El artículo 368-F del mismo código sanciona, por su parte, la instalación de antenas transmisoras en la zona intangible que rodea el perímetro penitenciario. Operar sin título habilitante es, además, una infracción muy grave bajo la Ley de Telecomunicaciones Radio Nacional. Pero el Ministerio Público no exhibe condenas por estos delitos: la medida visible es la incautación, no la sentencia. Y el dueño del predio queda en una zona gris: RPP reporta que los propietarios de las viviendas intervenidas serán investigados RPP, pero la norma no los nombra expresamente; habrá que probar, caso por caso, que sabían para qué alquilaban el techo.
El eslabón interno que no se menciona
Una antena no sirve de nada si el penal bloquea la señal o si el personal no deja pasar los equipos, y ninguna de las dos cosas está garantizada. Según el INPE, solo 30 de los 69 penales del país tienen bloqueadores de señal, y Challapalca, de máxima seguridad, no tiene ninguno Diario Correo; los que existen no siempre funcionan de forma continua Diario Correo. La propia ley reconoce el riesgo interno: el agravante del 280-A para servidores públicos describe una realidad ya documentada, como el trabajador del INPE intervenido en Cajamarca cuando pretendía ingresar seis celulares y droga gob.pe. Mientras el control de acceso y los bloqueadores sigan siendo la parte débil, retirar la antena del cerro es secar una gota sin cerrar el caño.
Exijamos resultados, no fotos
La promesa de que el control de las cárceles se va a retomar Andina debe traducirse en números auditables. El MTC tiene músculo operativo: 66 acciones de fiscalización y 343 equipos incautados en 2026 Radio Nacional. Falta lo que convierte operativos en control: un registro público de reincidencia por punto, el número de condenados bajo los artículos 280-A y 368-F, el costo por intervención y un cronograma de bloqueadores. Para el transportista al que le cobran cupo y para el comerciante que recibe la llamada extorsiva, cada semana sin sanción efectiva es una semana en que la antena, desde otro techo, vuelve a encenderse.