El MEF descarta ir al Tribunal Constitucional: quién frena entonces las leyes que elevan el gasto

El ministerio se aparta del control y cede la defensa de la caja fiscal

Que el MEF no acuda al Tribunal Constitucional no es un asunto de procedimiento: equivale a dejar sin ejecutor al actor que, por mandato, debe cuidar la hacienda pública. El ministro de Economía, Elmer Cuba, confirmó que su cartera no se apersonará de oficio contra las dos leyes de gasto que más le preocupan. "No es necesario porque ya lo hizo la sociedad civil", declaró en entrevista con Gestión. La decisión llega después de que el TC zanjó en julio que "la iniciativa de gasto es, como regla general, una competencia exclusiva del Ejecutivo" El Búho. El precedente existe; lo que queda en el aire es quién lo ejecuta.

Dos leyes, dos facturas que se pagarán durante décadas

Las normas que Cuba considera centrales no son gastos de un solo año. La que equipara las pensiones de los maestros jubilados y cesantes con la remuneración de un docente en actividad costaría al menos S/8,000 millones anuales, según el Consejo Fiscal; la reforma del régimen de militares y policías implica S/46,000 millones en valor presente La República. En marzo, el propio Consejo Fiscal advirtió que 11 leyes y autógrafas del Congreso generaban obligaciones permanentes por al menos S/11,400 millones anuales La República. Son montos que no se cierran en el presupuesto de 2027: se arrastran 20 o 30 años, como reconoce el propio ministro.

Un déficit que ya quedó comprometido

La renuncia al TC ocurre cuando el Ejecutivo pide más espacio para gastar. El MEF ampliará la regla del déficit fiscal para 2027 a 2.4% del PBI, desde 1.4%, y recién convergerá a 1% en 2031 Gestión. El propio Cuba estimó que, si esas obligaciones se incorporan sin correctivos, el déficit podría pasar de 1.8% del PBI en 2026 a 3% en 2027 La República. Es decir: el gobierno flexibiliza la regla para financiar su paquete contracíclico de S/18,000 millones Gestión, mientras las leyes heredadas del Congreso anterior compiten por ese mismo espacio fiscal.

Lo que termina pagando el ciudadano

La discusión deja de ser técnica. Cada sol de gasto permanente aprobado sin financiamiento reduce el margen para hospitales, escuelas y comisarías, o se convierte en deuda que pagarán las siguientes generaciones. Para el ciudadano, la factura llega por dos vías: menos servicios públicos en los próximos presupuestos y más presión sobre la deuda, que encarece el crédito y limita la capacidad del Estado para responder a la próxima emergencia. Que el MEF confíe en un litigio de terceros no elimina el riesgo: lo posterga. Si el TC dilata su resolución, el compromiso sigue corriendo; y si las leyes quedan firmes, el ajuste no recaerá sobre quienes las votaron, sino sobre el bolsillo de los próximos años: menos margen para atender la salud, la seguridad y las pensiones que el propio Congreso prometió proteger.