Dinamita en una casa de La Libertad: la extorsión que se abastece del explosivo de la minería informal

La extorsión ya no se mide en balas

La extorsión dejó de ser un asunto de armas de fuego: hoy se cobra con explosivos de voladura que terminan detonando en la puerta de una casa. En el centro poblado Roma, en la provincia de Ascope (La Libertad), un presunto extorsionador de 19 años perdió la mano izquierda al activar dinamita frente a la vivienda de su víctima, según la Policía Nacional (RPP). Es el segundo caso en dos años en la región en el que un presunto delincuente pierde una mano al manipular un explosivo; el anterior ocurrió en 2024, en Trujillo (RPP). No es un hecho aislado: hasta inicios de octubre suman más de 150 detonaciones con explosivos en La Libertad, por debajo de las 245 del mismo periodo de 2025, pero todavía suficientes para que el estruendo sea rutina (RPP).

El Estado autoriza la compra, pero pierde el cartucho en el camino

El primer eslabón está regulado: la Ley 30299 (artículo 47) exige que quien quiera adquirir o usar explosivos tramite una autorización de la SUCAMEC, otorgada en función de las necesidades del usuario. Ese mismo permiso alcanza a los mineros inscritos en el Reinfo: deben pedir autorización a la SUCAMEC para comprar y usar explosivos, y la entidad conserva la competencia de fiscalizar y sancionar el uso indebido (Gestión). El problema aparece después del mostrador. En marzo, la Policía incautó más de 3,000 cartuchos de dinamita que eran trasladados sin autorización por una vía de la provincia de Sánchez Carrión, en plena sierra liberteña (Exitosa). Y fuentes policiales y de la propia SUCAMEC estiman, según cifras de 2025, que cerca del 5% de la dinamita comprada legalmente por mineros informales del Reinfo termina en el mercado negro que abastece a las bandas (Buena Pepa).

El último eslabón no está trazado

Un cartucho de dinamita es, en la práctica, un objeto anónimo: no hay un código de serie por unidad que diga de qué lote salió, a quién se vendió y dónde detonó, como sí se hace con las municiones (Buena Pepa). La SUCAMEC lo reconoce a su manera: en septiembre de 2026 informó que continúa impulsando mecanismos de trazabilidad para prevenir el desvío de explosivos y fortalecer el control de la cadena de suministro (Gob.pe). Dicho de otro modo, el control del último eslabón es todavía un proyecto, no una realidad. A eso se suma un cambio normativo de hace unos años que relajó el traslado: la custodia policial en actividad fue reemplazada por vigilancia privada, un control más débil y menos supervisado, según han señalado fuentes policiales a la prensa (Buena Pepa).

La cuenta la paga el que duerme a una cuadra

La factura no la asume la minería informal ni el que revende: la paga el ciudadano que vive a una cuadra de un negocio extorsionado o de una bocamina informal. Es su puerta la que puede volar, su mano la que se pierde, su calle la que queda a merced de un cartucho comprado con papeles en regla y desviado sin dejar rastro. Mientras el Congreso discute la legalidad de la autógrafa de ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo (Correo), el eslabón concreto sigue abierto: un registro de lotes que siga cada cartucho desde el polvorín hasta el cerro o la casa. Sin eso, la dinamita seguirá teniendo dos destinos, y ninguno de los dos será el que figura en el papel.