Una ley no afecta igual a todos.

Prorroga por enésima vez la formalización minera: la Ley 32537 (dic 2025) la extendió hasta el 31 de diciembre de 2026. Críticos: funciona como blindaje legal de la minería ilegal.

Exige que la organización sea “compleja y permanente”; deja fuera del marco a muchas bandas. Apodada “ley pro-crimen”.

Quita a la PNP la facultad de incautar explosivos a mineros ilegales. La Contraloría advirtió que favorecería actividades ilícitas. En campaña se la conoce como la “Ley Dinamita”.

De S/21.5M a S/13.8M, un recorte de 36%. Sin formalización, el minero queda entre la ilegalidad y la violencia.

Presencia militar reforzada (FF.AA. al mando, DS 084-2026-PCM, jun 2026). Prorrogado de forma ininterrumpida desde 2024 sin frenar la violencia.

Diez de los 36 candidatos presidenciales prometieron eliminar las leyes procrimen, incluida esta. El Congreso rechazó derogarla; sigue vigente. Devolvería herramientas contra el crimen organizado.

Base actual S/1,130 (DS 006-2024-TR). Alivio directo al ingreso de los trabajadores de menor remuneración.

Traslada la conducción de la investigación preliminar del Ministerio Público a la PNP. Debilita la persecución del crimen organizado.

El mecanismo de protección a defensores del ambiente queda con presupuesto mínimo: solo 96 casos atendidos en 6 años.

Operativos puntuales de interdicción (ej. ~S/64M incautados en Madre de Dios, jun 2026), aún sin interdicción sostenida mientras el REINFO sigue vigente. Recupera territorio, pero golpea el ingreso informal de quien depende del oro.

Plan aprobado por DS 001-2026-IN: refuerza acción policial e inteligencia y focaliza extorsión y homicidios. El presupuesto del sector, sin embargo, bajó frente a 2025.

Propuesta del ciclo electoral 2026: ampliar la cobertura de Pensión 65, Juntos y los servicios básicos en zonas pobres.

Crea el delito de “criminalidad sistemática” (art. 318-B): cadena perpetua para quien use armas al extorsionar, secuestrar o matar generando terror. Expertos advierten que el cuello de botella no es la pena, sino la capacidad de investigación policial.

Endurece el Código Penal y el de Ejecución Penal contra la extorsión operada desde las cárceles: hasta 15 a 25 años por extorsionar por teléfono desde un penal, penas por ingresar celulares y obligación a las operadoras de bloquear la señal dentro de los penales. El cuello de botella no es la pena, sino la ejecución: lograr el bloqueo de señal y cortar la corrupción interna del INPE.

Recorta la colaboración eficaz: fija plazos de 8 a 20 meses para corroborar a un delator y prohíbe cruzar testimonios. Su reglamento (feb 2026) la volvió de aplicación obligatoria. La procuradora del Lava Jato estimó que afectaría 54 procesos.

Exige sentencia firme como regla general para decomisar bienes de origen ilícito (con excepciones para delitos graves), desnaturalizando la extinción de dominio. El Poder Judicial calculó que el Estado dejó de recuperar unos US$50 millones en 2025.

Exime de clasificación de suelos a predios privados deforestados hasta 2023 y pasa la zonificación forestal del MINAM al MIDAGRI. Se aprobó sin consulta previa a 109 federaciones indígenas; el TC avaló su núcleo en marzo 2025.

Tras la masacre de 13 trabajadores de seguridad de Minera Poderosa (mayo 2025), el gobierno sumó toque de queda nocturno al estado de emergencia en Pataz, Parcoy y Tayabamba. La PNP tenía información previa: respuesta reactiva, no preventiva.

Proyecto (Salhuana, APP) que reabriría concesiones mineras en Madre de Dios sobre zonas vedadas desde 2011. A junio 2026 hay 135 solicitudes admitidas; 72 se superponen con comunidades indígenas, áreas protegidas y ríos.

Reforma previsional: pensión mínima de S/600, afiliación obligatoria a los 18 y aporte vía consumo. Amplía la cobertura formal, pero el aporte obligatorio de independientes fue luego eliminado.

Octavo retiro de AFP desde 2020: hasta S/21,400 (4 UIT) en cuatro cuotas. El proceso de solicitud cerró en enero de 2026 y el Congreso ya debate un noveno retiro. Especialistas calculan que más de 7 millones de afiliados llegarán a la jubilación con pensión mínima o nula.

Baja el Impuesto a la Renta a 15% para grandes agroexportadoras hasta 2035, frente al 29.5% del régimen general. El MEF calculó S/1,888 millones anuales menos; los pequeños agricultores ya estaban inafectos, así que el beneficio fluye a las corporaciones.

Sube las pensiones militares y policiales hasta el 100% del sueldo activo (antes 55%). El Consejo Fiscal calculó un sobrecosto de S/46,000 millones sin fuente de financiamiento; se aprobó por insistencia pese a la observación del Ejecutivo.

Reforma constitucional que reinstala el Senado y la reelección inmediata de congresistas desde el 28J-2026, revirtiendo sin referéndum lo decidido en 2018 (85% en contra de ambas). El Senado nombrará al TC, al Defensor, al Contralor y a directores del BCR.

El MINEM excluyó del REINFO a 50,565 mineros con registro suspendido por más de un año. Detonó paros con bloqueos (S/280 millones diarios) y un ataque armado a la Nación Wampís. En diciembre, el Congreso amplió el REINFO hasta fines de 2026 pero rechazó reincorporar a los excluidos.

Subsidio del MVCS y el Fondo MiVivienda para construir, comprar o mejorar vivienda. En 2026 el gobierno transfirió S/519 millones al Fondo MiVivienda para estos bonos. Es el principal instrumento del Estado contra el déficit, pero su escala anual queda muy por debajo del rezago de ~1.9 millones de viviendas.

Fija la meta de bajar la anemia con suplementación de hierro, controles de crecimiento y arroz fortificado. La anemia en niños de 6 a 35 meses bajó a 34.9% en 2025, pero la partida para combatirla se recortó en 2025-2026: la norma existe, el dinero no la acompaña.

Crea el GIES (PNP, Ministerio Público y Poder Judicial coordinados) con rastreo financiero de la SBS/UIF para seguir las cuotas, y compensaciones a transportistas víctimas. A junio 2026 la extorsión al transporte no cedió: hubo nuevos paros y choferes que emigran. El cuello de botella es la ejecución, no la norma.

Reconoce la minería ilegal como crimen organizado, eleva las penas (5 a 9 años) e inhabilita a los condenados para obtener concesiones. Es un contrapeso a las leyes pro-minería, pero no toca el REINFO: sin trazabilidad ni presupuesto, queda como populismo penal mientras la formalización se sigue prorrogando.

Hace prescribir los delitos de lesa humanidad anteriores a 2002, cerrando procesos del conflicto armado interno. HRW la cuenta en el paquete de impunidad. El TC la avaló en diciembre de 2025, pero la Corte IDH ordenó no aplicarla por control de convencionalidad y los jueces la inaplican caso por caso.

Concede amnistía a militares, policías y comités de autodefensa por hechos de 1980-2000, incluidas graves violaciones de DDHH. La Corte IDH ordenó no aplicarla (casos Barrios Altos y La Cantuta); el Ejecutivo la mantiene vigente, configurando un desacato, mientras varios jueces la inaplican.

Buscó juzgar como adultos a los adolescentes de 16-17 años en delitos graves (sicariato, extorsión). El 16 de enero de 2026 el Tribunal Constitucional la dejó sin efecto y fijó en 18 años la edad mínima de imputabilidad penal. Quedó como mano dura más simbólica que operativa: castigaba al recluta, no al jefe de la banda.