El gesto de FP: renunciar a gastos de instalación no es austeridad, es cálculo político

La cortina de S/15,600

Fuerza Popular hizo su primer gesto de gobierno antes de gobernar. La misma semana en que Keiko Fujimori asumió la Presidencia y su partido se quedó con la conducción del nuevo Senado, la bancada anunció que sus senadores y diputados de Lima y los reelectos no cobrarán los S/15,600 por gastos de instalación. El lenguaje fue el de la austeridad. La lógica es otra: quien acaba de ganar el poder ensaya la frugalidad en el rubro más visible y más barato, y se reserva la discusión sobre el gasto que de verdad pesa.

El cálculo de quien ahora manda

El gesto vale precisamente porque FP ya no es oposición. El fujimorismo es la primera fuerza del Congreso bicameral, con 41 diputados y 22 senadores, y preside el Senado con Miguel Ángel Torres. Renunciar a un bono simbólico, en el momento exacto en que se toma el control de una cámara y de Palacio, no cuesta casi nada y rinde autoridad moral. Fija a FP como el partido que "sí ahorra" antes de que empiece el debate que sí importa: el del presupuesto que su Congreso administra.

Un sacrificio que no muerde

La cifra a la que FP renuncia es menor, y la renuncia alcanza a menos aún. Cada legislador puede cobrar S/15,600 por instalación, cerca de catorce remuneraciones mínimas para una familia peruana, pero una fracción imperceptible para la institución. La renuncia de FP no cubre a toda su bancada de 63 escaños: solo a sus miembros de Lima y a los reelectos, los que no necesitan mudarse a la capital. Puesto frente a los S/906 millones que el Congreso destina cada año a su planilla y al presupuesto de S/1,735 millones que el Legislativo se asignó para 2026, un 39% por encima de lo que propuso el Ejecutivo, lo que FP ofrece no cobrar es moneda menuda.

El anuncio, no el acto

La renuncia de FP es, además, jurídicamente débil. Mientras Ahora Nación presentó una solicitud formal ante la Oficialía Mayor y el Partido del Buen Gobierno se comprometió a devolver el dinero si el Congreso llega a depositarlo, reconociendo que no existe un procedimiento definido para rechazarlo, FP lo dejó en un comunicado tras una sesión conjunta de sus electos. No hay oficio ni mecanismo que garantice que el desembolso no se acredite igual. Es un anuncio político, no un acto administrativo vinculante.

Lo que el ciudadano debe medir

La austeridad del partido que ahora gobierna no se prueba con un mensaje en redes que perdona S/15,600 por legislador. Se prueba con lo que FP haga con los S/1,735 millones que su Congreso controla y con una planilla que se duplicó en cinco años. El ciudadano que financia todo eso, desde el que paga IGV hasta el que aporta de su sueldo, no necesita gestos: necesita que quien tiene la mayoría en las urnas y la Mesa del Senado abra esas cuentas a la fiscalización. Lo demás es teatro con buena iluminación.